Jorge Uzeta Iturbide[1]
Resumen
En este texto se analizan las condiciones locales y electorales que, en tiempos recientes, permitieron una sorpresiva victoria perredista en Tierra Blanca, un municipio guanajuatense con fuerte presencia otomí. Al mismo tiempo, el caso permite revisar una hipótesis de investigación centrada en la asociación entre mediaciones étnicas y el predominio del panismo en la entidad.
Palabras clave: elecciones, comunidades otomíes, multiculturalismo
Abstract
This paper examines local and electoral conditions that recently led to a surprise electoral victory for the Party of the Democratic Revolution (PRD) in Tierra Blanca, a Guanajuato municipality with a strong Otomi presence. This case study allows us to test a research hypothesis focused on the association between ethnic mediations and the predominance of the Action National Party (PAN) in the state.
Keywords: elections, Otomí communities, multiculturalism
Una apuesta equivocada
La pregunta de partida es relativamente sencilla en su formulación, pero no en su respuesta: ¿por qué en Tierra Blanca, municipio guanajuatense mayoritariamente otomí, ganó un partido político casi inexistente en esa entidad en las elecciones municipales de 2021 –el Partido de la Revolución Democrática (PRD)– y no el que ha dominado el estado por décadas –el Partido Acción Nacional (PAN)? La respuesta no puede explicarse a partir del mero ejercicio liberal y ciudadano de ir a depositar el voto en una casilla; tampoco mediante la dudosa aseveración de que el municipio y sus comunidades otomíes son un bastión perredista, pese a que por razones históricas ese partido siempre ha sido competitivo en ese lugar. Sería más sensato analizar esa victoria como una expresión relacionada con antecedentes políticos locales y municipales, contradictorios de por sí, lo que además permitiría avanzar en la explicación de por qué falló la hipótesis de investigación que expondré enseguida.
La apuesta se sustentaba en dos tendencias políticas con un puenteo de relevo social. La primera se refiere a la introducción y el fortalecimiento progresivos de las políticas multiculturales en la entidad, con la promulgación de una “ley indígena” en 2011 y la organización paralela de un Consejo Estatal Indígena (CEI), subordinado al gobierno de Guanajuato e integrado por grupos étnicos con experiencias sociales y organizativas contrastantes a lo largo del siglo XX.[2] La segunda tendencia es la consolidación de la democracia electoral con elecciones realmente competidas, dinámica asentada a partir de la alternancia de 1991 en el gobierno de la entidad, lo que permitió la construcción de un dominio incontestable en ese nivel –y en el del Congreso guanajuatense– por parte del PAN, de manera ininterrumpida hasta hoy.
En medio de esas tendencias se articulaba el relevo generacional en los liderazgos existentes en la Congregación de San Ildefonso de Cieneguilla, formada por diecinueve comunidades otomíes y geográficamente muy cercana a su cabecera municipal, Tierra Blanca. Sin que los cargos asociados con los líderes involucrados hayan desaparecido, la relevancia de los mismos pasó de los “tradicionales”, construidos a finales del siglo XIX a partir de una conjunción de cuestiones agrarias, rituales y de pugnas con la cabecera mestiza, a los profesores escolares de la segunda mitad del siglo XX, que encabezaron enfrentamientos con sus vecinos terrablanquenses dentro del propio PRI y, más recientemente, a una pléyade de jóvenes profesionistas diversificados laboralmente.
Todos estos liderazgos coexisten actualmente; sin embargo, las jóvenes generaciones han aprovechado en beneficio propio y de sus bases sociales la multiplicación de espacios de organización impulsados por la democracia electoral; entre ellos, la presencia local de un número amplio y siempre variable de comités de partidos políticos, a los cuales se suman a título individual pasando de uno a otro según lo requiera su propia racionalidad práctica.
Con esos antecedentes, la pesquisa adelantaba una hipótesis pensada para el noreste de Guanajuato. Se refería a que, para asentar el dominio del gobierno de la entidad, el PAN –que, reitero, lo ha encabezado desde hace tres décadas– aprovecharía en su favor formas corporativas y clientelares heredadas de la posrevolución, así como la tendencia de reetnificación en la que se encuentran otomíes y chichimecas. Me refiero con eso al uso político de la diferencia cultural que esos grupos hacen para avanzar demandas concretas, lo que ha dado en llamarse “esencialismo estratégico”. Así, la apuesta subrayaba que las élites de la entidad buscarían generar nuevas mediaciones políticas para consolidar su dominio, particularmente en las comunidades otomíes a través de sus líderes emergentes.
De hecho, en las elecciones de 2012 y 2018 triunfó el panismo, mientras que la coalición PRI-Partido Verde Ecologista Mexicano pudo imponerse en 2015 por apenas 85 votos sobre el perredismo terrablanquense. No obstante, en julio de 2021 el PAN volvió a quedar en una lejana tercera posición y el PRD triunfó, logrando con eso apenas su segundo municipio de los 46 disputados en la entidad.
Es en ese sentido, y buscando comprender el porqué del error en la proyección –pues incluso las hipótesis equivocadas deben enseñar algo, así sea no hacer apuestas temerarias–, que se hace necesario revisar el contexto previo a las elecciones más recientes, plagado de campañas embozadas, pleitos intracomunitarios, peticiones desatendidas y reorganización de grupos de interés. Para eso resulta conveniente enmarcar primero la política multicultural del Estado en el plano electoral, identificando sus impactos en Tierra Blanca.
Sobre la dinámica electoral
Como política de reconocimiento de minorías, el multiculturalismo ha sido ampliamente debatido por sus implicaciones respecto de la dignidad humana y de la redefinición de la esfera pública (Taylor, 1992), por su cuestionamiento sobre el sentido liberal de ciudadanía (De la Peña, 1999), por sus implicaciones en la ruptura de mecanismos tradicionales de control político (Recondo, 2007) y por un etcétera bastante extenso.
Si bien no se pretende abundar aquí en los matices teóricos del asunto, es necesario señalar, a manera de posicionamiento, que el diseño jurídico constitucional dispuesto para Guanajuato a propósito de consideraciones sobre la heterogeneidad de su población ha incorporado una perspectiva de esencialismo cultural que niega las particularidades o especificidades históricas de otomíes, pames, chichimecas y purépechas, buscando actualizar, ordenar y financiar expresiones de diferenciación siempre de manera subordinada a los objetivos de desarrollo económico y político de las élites guanajuatenses (Uzeta, 2019: 20).
Lo anterior, que en términos prácticos ha representado alterativamente la apertura de algunas opciones y la clausura de otras, ha tenido un fuerte impacto en comunidades socialmente diferenciadas, integradas tanto por grupos ligados a desempeños rurales de corte tradicional, como por otros de carácter emergente y con multitud de expectativas (migrantes organizados, comerciantes, profesionistas, maestros, etc.).
En particular, el avance del multiculturalismo puede medirse justamente por la atención institucional puesta en los derechos político-electorales de los “pueblos indígenas” guanajuatenses, que comenzó a hacerse notar años después de la promulgación de la ley de 2011. A esta última siguieron, en el 2012, un par de asuntos con un correlato peculiar: el levantamiento del padrón de comunidades indígenas, necesario para ubicar beneficiarios directos, y la constitución del CEI promovida por la misma normativa, organismo que entre 2014 y 2015 probó sus límites políticos experimentando ajustes internos ante el intento de imposición de un trazo vial sobre espacios otomíes en el municipio de San Miguel de Allende.
Aunque en octubre de 2017 el Instituto Nacional Electoral (INE) discutió la posibilidad de que los partidos postularan candidatos indígenas a la Cámara de Diputados por el principio de mayoría relativa, fue hasta febrero de 2019 que el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato exhortó al Congreso de la entidad a realizar adecuaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para atender “los derechos políticos de comunidades e individuos indígenas”, específicamente para garantizar sus candidaturas dentro de partidos.[3]
Un año después, en mayo de 2020, la reforma electoral incluyó un artículo que determinaba que, en municipios con una población indígena mayor a 25% del total, los partidos deberían registrar al menos una fórmula al ayuntamiento con esa composición, comprobable mediante constancia expedida por autoridades tradicionales. La propuesta fue revisada por el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG) y, a través de varios foros consultivos con representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos y de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu), el CEI le dio el visto bueno con un par de precisiones relacionadas con la paridad de género y con el tipo de información censal.[4]
La discusión versó entonces sobre los porcentajes poblacionales, que cumplían pocos municipios además de Tierra Blanca, y sobre la posibilidad de que más de una docena lograra representación indígena dentro de sus respectivos cabildos a partir de una modificación decretada a la Ley Orgánica Municipal.[5]
Mientras esas discusiones avanzaban, en Tierra Blanca se evidenciaba el afianzamiento de un estrato de políticos profesionales otomíes que utilizaban como posiciones de avanzada cargos “tradicionales”, como el de “representante de comunidad”, además de los comités municipales partidistas, excelentes lugares para buscar candidaturas o posiciones en tal o cual planilla, llegado el momento. Fue el caso del presidente del PRD local, pero también de varios integrantes del PRI y del PAN que lograron reubicarse en las fórmulas contendientes prometiendo, como todos en esas posiciones, apoyos económicos y la gestión para diversos programas de beneficio social.
Cabe señalar que, a diferencia de otros partidos, las oficinas del PRD no estuvieron en la cabecera municipal sino en la comunidad otomí de Fracción del Cano por varios años y por una razón histórica. Hasta 1997, el PRI terrablanquense era el espacio en el que los vecinos de la cabecera y los otomíes de la Congregación se disputaban las candidaturas y sus regidurías en términos étnicos. En ese año, el partido experimentó una escisión que redefinió la elección municipal en puerta, con los grupos otomíes renunciando a esa adscripción e ingresando al PRD, que rápidamente ofreció su registro al candidato otomí, vecino de aquella comunidad, y quien terminó ganando la alcaldía con el voto multitudinario de la Congregación. Fue la primera ocasión en que una organización diferente al PRI ganó Tierra Blanca, consolidando la presencia del perredismo en el municipio (Uzeta, 2004).
Esa elección abrió el juego político, con partidos que aparecían y desaparecían ante cada coyuntura de sufragio, recibiendo el impuso de jóvenes otomíes que buscaban una participación fuera de los canales tradicionales (la representación comunitaria, la delegación de la Congregación) y fuera del grupo de maestros que se había erigido en defensor de la cultura local. Fue también la ocasión para impulsar la alternancia municipal cada trienio, pues mediante elecciones extremadamente cerradas el dominio se intercambió entre PAN, PRI y PRD.[6]
No obstante, sería un error visualizar ese proceso únicamente en términos partidistas, pues, a pesar de que se trata de organizaciones formales, en el plano municipal están lejos de ser representaciones de clase, de ideología y, después del 97, incluso de identidad étnica. Más bien son canales de comunicación, gestión y negociación con grupos políticos regionales y estatales, mientras sus siglas oscurecen la dinámica local, faccional y de grupos de interés, que se renueva cada tres años y que es dinamizada por la aspiración de ganar electoralmente el municipio. En ese ámbito se encuentra la posibilidad de hacer realidad el acceso a recursos y proyectos, y también la de ubicar laboralmente a los principales seguidores, pues la alcaldía representa una fuente renovable de empleos: cada edil asume su encargo colocando a “su gente” en diversos puestos burocráticos dependientes del municipio, desde intendentes y secretarias hasta encargados de oficina.[7]
Así, bajo el nuevo marco comicial de perfil multiculturalista, buena parte del año 2021 fue de alineamientos y de reacomodos en Tierra Blanca. Las precampañas, iniciadas en pandemia a finales del año previo terminaron en febrero de 2021, dando tiempo a los registros de candidaturas ante el IEEG. En este periodo el PRI se decantó por un ingeniero de profesión, candidato que ya había sido su abanderado triunfando en 2015; el PAN optó por una odontóloga y maestra; el PRD, por el presidente de su comité municipal, también profesionista; y Morena, por un comerciante y migrante con una conocida historia de esfuerzo personal. Pese a que al menos tres de ellos son originarios de comunidades otomíes, su retórica proselitista no incluyó discursos de reivindicación étnica, pero sí de transformación, desarrollo y compromiso ciudadano. Las campañas iniciaron el 20 de abril y concluyeron prácticamente cuatro días antes de la elección del 6 de junio.
A lo anterior hay que sumar que, ante la cercanía de las campañas electorales, tanto el gobierno federal como el de Guanajuato acostumbran abrir la llave de los recursos para hacer llegar sus programas y obras de infraestructura a donde sean necesarias, disponiendo de sus funcionarios en extensas giras de trabajo. Eso contribuye también a que los diferentes sectores de la población local y los individuos adscritos a membretes partidistas renueven, rompan o generen alianzas de corto o mediano plazo, buscando beneficios concretos, sea el ingresar a listas de beneficiarios de tal o cual programa o, como se indicó, lograr aparecer en la planilla de alguno de los aspirantes a la alcaldía.[8] En este marco las habladurías y las animadversiones se incrementan, y la publicidad partidista hace su copiosa aparición en bardas y en muros, con la novedad de anuncios “colgados” en la red vía Facebook, donde los aspirantes exhiben su soltura o sus limitaciones escénicas y discursivas frente a la cámara.
Con todo eso la dinámica electoral ha terminado por extenderse sobre el trajín cotidiano de las comunidades otomíes, que ya tenían una vida política activa y bastante atomizada. Los problemas y la necesidad de recursos, programas e infraestructura –siempre presentes– se redimensionan en el contexto de la competencia comicial y se subordinan a su lógica, dinamizando reposicionamientos y animadversiones, y poniendo en duda el supuesto “repliegue” comunitario que algunos investigadores argumentan como el medio por el cual los grupos étnicos buscan fortalezas internas de cara a la negociación unitaria ante agentes e iniciativas externas (Ventura, 2010: 313).
Tres sucesos dan cuenta de los extremos de la vida política sobre los que se movió Tierra Blanca, y más particularmente las diecinueve comunidades otomíes de la Congregación de San Ildefonso de Cieneguilla, ante los comicios de 2021. El primero se refiere a un conflicto en el interior de una de esas localidades, Peña Blanca, etnografiado recientemente por Blanca Leticia Ramos Rea (2020).
El segundo alude a la visita que el presidente de la república –referente de Morena– hizo el mes de febrero de 2020 a la Congregación como parte del Diálogo con los pueblos otomí, ezar y chichimeca, para escuchar demandas y peticiones en compañía, entre otros, del gobernador de la entidad y del alcalde del municipio, destacados miembros del PAN, organización claramente enfrentada con la del presidente y hegemónica en Guanajuato.
El tercer suceso, acaecido en abril de 2021, en plena pandemia de Covid-19 y con las campañas políticas cerca de concluir, se refiere al tortuoso proceso para gestionar la pavimentación de un camino vecinal entre los integrantes de otra de aquellas comunidades otomíes, Cerro Colorado, el cabildo y el edil panista de Tierra Blanca.
Esos hechos, a tratar enseguida, suponen extremos de la gradiente política que podrían explicar la dinámica asociada con las elecciones del 6 de julio de 2021, por las que se renovaron las diputaciones estatales y federales de los distritos correspondientes, además de todas las autoridades municipales de Guanajuato, dinámica que dio al traste con las aspiraciones del panismo en Tierra Blanca, descarrilando de paso la hipótesis que apostaba por la consolidación de nuevas mediaciones políticas en el lugar a través del triunfo de aquel partido.[9]
La división en Peña Blanca
Las disputas en el interior de las comunidades son moneda corriente en la Congregación, aunque por lo general todas logran cierto nivel de gestión interna. Sin embargo, desde mediados del siglo XX varios de los asentamientos congregados sufrieron procesos de división de los que resultaron nuevas comunidades. El caso nodal es el de El Cano, que en 1942 se fragmentó, dando origen a la comunidad de Rincón del Cano, misma que ya en la década de 1970 enfrentó dos divisiones más, de las que surgieron las comunidades de Cano de San Isidro y, poco después, Fracción del Cano. Más recientemente, en la década de 1990, El Picacho experimentó una secesión de la que se generó la comunidad de El Progreso. Si en las primeras las detonantes fueron las disputas entre grupos de parentesco por el acceso al agua, recurso tradicionalmente escaso, en la última se mezclaron tensiones semejantes con otras que para el momento eran de nuevo cuño, como el acceso a la escuela primaria y a los contados recursos que llegaban del municipio o a través de las asociaciones civiles que comenzaron a aparecer en esa década (Uzeta, 2004).
La situación reciente de Peña Blanca es peculiar, pues las tensiones entre grupos de parentesco fueron producto de sucesos que implican a varios niveles de gobierno (Ramos, 2020). De acuerdo con Ramos, la disputa de partida inició por el reparto de los beneficios de un molino de nixtamal provisto por uno de los programas de apoyo ofrecido por el gobierno de la entidad; a eso se sumó el gran problema derivado del cambio de nomenclatura de la comunidad, acordado en 1989 por el ayuntamiento atendiendo a sus necesidades administrativas, pero sin que los habitantes hubieran sido puestos claramente al tanto. El cambio de nombre, que llevó a la comunidad a ser legalmente Peña Blanca dos, para diferenciarla de otra localidad con el mismo nombre, impidió que el programa federal Progresa entregara los apoyos correspondientes a los interesados, pues el registro que tenía no coincidía con el asentado en el municipio (Ramos, 2020: 38-39).
Años después, cuando la CDI contribuía en el levantamiento del padrón de comunidades indígenas mandatado por la ley de 2011, y por el cual se les identificaba para canalizarles futuros beneficios, las tensiones se elevaron por supuestos manejos discrecionales de programas del gobierno guanajuatense que la delegada comunitaria había realizado beneficiando a sus cercanos. Lo anterior llevó, de manera insólita, a que esta comunidad no se declarara “indígena”, pese al consenso local de que es parte de la Congregación otomí, perdiendo así la posibilidad de acceder a recursos federales etiquetados. La lógica era que, siendo así, la delegada no podría manejar discrecionalmente los apoyos marginando a sus opositores. Poco después, una turbulenta elección de delegado comunitario, con el desconocimiento del triunfador por parte de varias familias, generó un proceso de secesión que aún está en curso (Ramos, 2020: 40-41). La delegada saliente, por su parte, logró acomodo en la planilla priista que triunfó en las elecciones de 2015.
Como se ha señalado en otra parte, este caso no solo revela que la categoría “indígena” es una variable que se ajusta a la dinámica política en la que se encuentra la población involucrada; muestra también que los programas impulsados por cualquier instancia de gobierno afectan directamente las interacciones cotidianas al trabajar a partir de las tensiones y distinciones internas (de parentesco, de vecindad, aspiracionales). Además, conflictos de ese tipo abonan el terreno para la competencia electoral y para la acción de grupos cobijados por partidos, fortaleciendo su presencia mediante promesas selectivas de acceso a programas y recursos estatales.
Los diálogos con el presidente y con el gobernador
El evento Diálogo con los pueblos otomí, ezar y chichimeca fue considerado por la presidencia de la república como parte de los encuentros que promueve con “pueblos originarios”; se trató de una puesta en escena en la que los anfitriones otomíes reprodujeron ciertas acciones propias de sus mayordomías religiosas, a manera de bienvenida para los ilustres visitantes. Además del presidente, el gobernador y el alcalde, se contó con la presencia del director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), de la presidenta del CEI, de una autoridad chichimeca-jonaz y de una representación otomí, que recayó en la persona de un promotor cultural, cronista municipal y conocido profesor, originario de Cieneguilla.[10]
El mensaje del docente estuvo centrado en demandas sobre el territorio otomí, la defensa de costumbres y de formas de organización comunitaria, solicitando la modificación de las leyes orgánicas municipales para la recuperación de autonomía, para contar con espacios reservados a otomíes en el ayuntamiento, en los Congresos de la entidad y de la Unión, y para tener acceso directo a recursos para el desarrollo desde las comunidades. Por su parte, el director del INPI esbozó convenios logrados en una reunión inmediatamente previa y subrayó de manera entusiasta la necesidad de trabajar con la Cuarta Transformación en busca del diálogo y del acuerdo. De la mano de autoridades, señaló, se avanzaría en la satisfacción de aspiraciones asociadas con el reconocimiento de autoridades tradicionales y con la protección de centros ceremoniales.
Fueron los discursos del gobernador y del presidente los que, entre porras y abucheos ocasionales, evidenciaron las tensiones entre la entidad y la federación, situados en un contexto regional y con referencias apenas veladas a la dinámica partidista. Mientras que el gobernador reconoció la palabra del presidente, destacando sus visitas y su compromiso con la gente que más lo necesita, evidenciado en la construcción de infraestructura regional, y dando la bienvenida a programas federales como complemento de los estatales, el presidente articuló su intervención a partir de tres rubros. El inicial refirió a la historia de México, con su gobierno como vértice de la Cuarta Transformación del país, de naturaleza democrática; el siguiente fue una pieza de propaganda política, prometiendo, publicitando y enumerando uno a uno “programas de bienestar como nunca”, gracias al compromiso con la transformación social y a la lucha contra la corrupción.[11]
La última parte del discurso presidencial esbozó el perfil de su gobierno sin nombrar de manera explícita a su partido, pero enfatizando la importancia de la cultura indígena y de sus migrantes, llamando a la unión a través de las diferencias y comprometiendo una visita futura para seguir evaluando conjuntamente los programas de bienestar.
Este discurso tuvo una respuesta posterior en la gira de trabajo a Tierra Blanca que, ya sin el presidente de la república, el gobernador realizó el 26 de septiembre de 2020, con una parada en el centro de la Congregación. Acompañado entonces por la presidenta del CEI, alcaldes de la zona incluido el local, y el subsecretario de la Sedeshu, el gobernador señaló textualmente: “Ustedes saben de los recortes brutales de la Federación. Sin embargo, gracias a los diputados integrantes del Congreso del estado, contamos con una línea de crédito para seguir con más obras en Guanajuato” (Boletín Informativo, 2020). Como hizo el presidente en la gira previa, el gobernador se dio tiempo para enumerar los programas estatales de beneficio social, destacadamente los de infraestructura para energía eléctrica, sanitarios, calles, agua, pisos, embellecimiento de colonias, etcétera.
En términos discursivos, ambos encuentros desplegaron un enorme abanico de alusiones políticas, tanto de corte étnico como veladamente partidistas, así como de distinciones entre niveles de gobierno. Para el caso que interesa, solo se debe destacar el carácter publicitario de los mismos y la mención que los enmarca electoralmente: la del gobernador elogiando a su Congreso. En la Congregación es bien conocido que su partido mantiene ahí el dominio desde hace décadas.
El intento de linchamiento[12]
Cerro Colorado es otra de las diecinueve comunidades que integran la Congregación otomí. Un rasgo notable en ella es la nutrida participación de las mujeres en cargos internos y en su muy activa vida política.
Entre las varias solicitudes realizadas en esa comunidad al entonces candidato del PAN a la alcaldía durante la campaña de 2018, destacaba la pavimentación de un camino de casi un kilómetro de longitud que la conectaba con localidades vecinas. El entonces candidato, quien llevaba en su fórmula a una vecina de ese lugar para ocupar la posición de síndico, lo asumió como un compromiso en caso de ganar la contienda, cosa que le redituó una gran votación.[13]
Ya en funciones, la pavimentación se fue postergando por asuntos de mayor urgencia hasta que, en el periodo de reacomodos políticos para la campaña electoral de junio de 2021, el gobierno de la entidad abrió la llave de los recursos y la propuesta se discutió con cuatro solicitudes más del mismo tipo, buscando ser consideradas en el programa estatal Conectando mi camino rural, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR). La aprobación del cabildo era necesaria, pues el programa solo requería del financiamiento municipal de 30% de la obra.
En la sesión de cabildo de abril de 2021, cada una de las solicitudes en cuestión fue revisada y aprobada hasta que llegó el momento de votar por la de Cerro Colorado, impulsada con insistencia por la sindicatura. La votación quedó empatada y el equilibrio se rompió con el voto en contra del propio edil. Esto generó la movilización de decenas de vecinos buscando presionar al alcalde, quien se vio obligado a convocar a reunión extraordinaria de cabildo el sábado siguiente para volver a tratar ese único caso.
La sesión, custodiada por elementos de seguridad pública, contó con la asistencia de una docena de vecinos de Cerro Colorado en plan de observadores. Para sorpresa de estos últimos, se repitió exactamente la misma votación que en la sesión precedente, con dos regidores del PAN y dos del PRD apoyando la obra, dos del PVEM, uno del PRI y uno del PAN rechazándola, y el alcalde rompiendo el empate y sacándola del paquete para la SDAyR. La sesión concluyó de manera precipitada y rápidamente el edil y los regidores que votaron en contra salieron del recinto, mientras los restantes se entrevistaban con la gente de la comunidad tratando de calmar los ánimos. Señalaban que la negativa de la autoridad era expresión de un conflicto entre el alcalde y la síndica, también panista.[14]
El mismo día, el edil coincidió con vecinos de Cerro Colorado en el centro de Tierra Blanca, quienes muy disgustados le recriminaron a él y a los regidores el sentido de sus posiciones, así como el hecho de que durante las campañas electorales ellos –y gente como ellos– les solicitaran su voto. La información posterior es confusa, adjudicando el inicio de la violencia a los manifestantes o bien a la policía municipal; en todo caso, de las recriminaciones e insultos se pasó a los jaloneos y de ahí a los golpes. El suceso se saldó con la intervención de seguridad pública resguardando al alcalde. Los videos al respecto son diversos; en uno de ellos dos policías llevan casi en andas al edil, visiblemente desorientado y maltrecho, y lo suben a una patrulla, dando paso al repliegue de media docena de unidades frente el enojo de la gente.
La noche del mismo día fueron pegados avisos oficiales en el palacio municipal señalando que el camino se realizaría con recursos extraordinarios del gobierno estatal. No obstante, el domingo la presidencia municipal fue ocupada por gente de Cerro Colorado y de comunidades vecinas. El lunes impidieron el ingreso de empleados al edificio bajo el argumento de que se estaban violando sus derechos colectivos, que no desocuparían el lugar hasta obtener una respuesta positiva a su demanda, y que en todo caso existía el derecho a la libre manifestación. Además, responsabilizaron de cualquier incidente a las autoridades, pues los trabajadores municipales convocaron la presencia de elementos de seguridad pública.
Ante el ruido generado, el gobernador conminó a apresurar la licitación de la obra, que se realizaría con recursos estatales y bajo la dirección de la Secretaría de Obras Públicas. Asesores del gobierno de la entidad se trasladaron al lugar para explicar a los quejosos que las asignaciones ya estaban previstas y que lamentaban la falta de información del alcalde sobre el asunto. Días más tarde, previa convocatoria a una sesión extraordinaria de cabildo en la Casa de la Cultura, la obra fue aprobada con una aportación municipal de 1%. El secretario del ayuntamiento, con actas y documentos en mano, comunicó la decisión a los ocupantes de la presidencia, quienes, satisfechos, desalojaron el inmueble. Poco después, y sosteniendo que todo fue resultado de la mala información y de la mala percepción de sus agresores, el alcalde anunció que se interpondrían denuncias en el Ministerio Público por daños, perjuicios, y agresiones físicas. Sus dichos resultan un peculiar colofón para este embrollo: “No es para ofender a la ciudadanía, esto es para que quede evidencia de los hechos, porque estoy en contra de la violencia y a favor de que Tierra Blanca sea un pueblo pacífico”.[15]
Los comicios
Los efectos generados en el ambiente político local por los casos previamente abordados pueden vislumbrarse a través de la victoria del candidato perredista en las elecciones de junio de 2021, donde obtuvo 32% de los sufragios emitidos, seguido por el PRI con 19% y por el PAN y Morena empatados técnicamente con 17.89% y 17.79% de la votación. En términos más particulares, los resultados de cuatro casillas electorales ubicadas en las comunidades congregadas de Cuesta de Peñones (lugar para los votantes de Cerro Colorado), Rincón del Cano (lugar de votación para Fracción del Cano, durante varios años sede del PRD), Cieneguilla (lugar de voto para Peña Blanca) y El Picacho dan una buena idea de la manera en que sufragaron sus vecinos (cuadro 1).
No deja de ser una paradoja que el PAN y Morena, partidos que escenificaron sus tensiones en el plano municipal mediante (des)encuentros públicos entre el presidente de la república y el gobernador del estado, hayan quedado tan alejados del triunfo en ese ámbito. No obstante, el PAN mantuvo holgadamente su dominio en las diputaciones locales y federales. En el distrito local 2, del que Tierra Blanca forma parte junto con otros siete municipios del noreste de Guanajuato, el panismo obtuvo el triunfo llevando más de cinco puntos de ventaja sobre la alianza PRI-PRD, y más de trece sobre Morena.[16]
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Cuadro 1. Votación por casilla en cuatro comunidades otomíes congregadasFuente: elaboración propia a partir del Cómputo Distrital y Municipal, IEEG, Municipio de Tierra Blanca, junio 6 de 2021. No se exponen votos nulos, tampoco los de tres partidos más con votaciones mínimas. La votación en el municipio fue de 69.97% del padrón. *Partido del Trabajo. **Partido Encuentro Social. |
Más allá de lo anterior, y junto con la ventaja que da llegar a los comicios con un candidato que conoce los resortes electorales y partidistas, capaz de instrumentar compromisos prácticos para el municipio, cabe resaltar que en comunidades centrales de la Congregación, como Cieneguilla y El Picacho, Morena obtuvo una votación nutrida. Es ahí donde se concentra mayor obra pública y donde el candidato morenista cuenta con varios comercios. En Rincón del Cano los sufragios fueron copiosos a favor del PRD; finalmente, el conflicto por la pavimentación del camino en Cuesta de Peñones, que también lo era entre personalidades panistas locales, dio al traste con las posibilidades de ese partido. Una disputa en la que incidieron sentidos de vecindad y redes enfrentadas, lo que guarda parecido con lo que ocurre en Peña Blanca.
Comentarios finales
Con la contextualización previa y con las viñetas de los casos específicos he buscado explicar por qué una hipótesis de trabajo que parecía plausible erró el blanco. En términos del proceso político que viven las comunidades otomíes eso es lo de menos; lo importante es que las dinámicas políticas comunitarias y municipales parecen tener una lógica propia, diferente a la regional y a la nacional, tal como sugería el antropólogo Eduardo Zárate (1995). O quizá se trate de algo más radical: que las trayectorias comunitarias son completamente abiertas e indeterminadas, como han señalado De la Cadena y Starn (2010: 12).
El fortalecimiento de la vía electoral y partidista, ajustada a un multiculturalismo que supone que cualquier conflicto se resuelve con el diálogo y el acuerdo, tal como lo mencionó en su momento el intelectual mixe que preside el INPI, ha reubicado la multitud de querellas y tensiones locales de las comunidades otomíes del noreste de Guanajuato. Los ejemplos expuestos permiten constatar la impronta electoral en su vida diaria así como los requiebros que marcan el perfil político de actores con intereses contradictorios, cambiantes y no siempre consensuados, pero que pueden gestionarse (o castigarse) a través de competencias comiciales. Son estas condiciones las que hacen difícil ubicar de manera invariable los alineamientos políticos así como la reconstitución y la reubicación de las redes locales y los grupos de interés. Y eso produce sorpresas como la victoria perredista.
En tanto, la política étnica tiende a desarrollarse en niveles distintos al electoral y con objetivos propios. De manera que las mediaciones étnicas parecen asomar en el quehacer de individuos particulares, reconocidos más por las instituciones estatales que por sus presuntas bases sociales, y quienes operan sin incursionar necesariamente en la política partidista. Me refiero al profesor que habló en el encuentro con el presidente, a quien encabeza el CEI, a los representantes otomíes y chichimecas convocados en esa ocasión, etcétera.
Entre otras, esas mediaciones y controles políticos se ejercen en la interlocución con el INPI en el plano federal y, por ley, con el gobierno de la entidad a través de diversas instituciones, secretarías y del Congreso estatal. Ahí aquella hipótesis de trabajo habría podido defenderse mejor, de manera destacada a través del consistente dominio panista logrado mediante sus diputados locales y federales.
Referencias
Boletín Informativo del Gobierno del Estado de Guanajuato (2020). “Impulsan el desarrollo de las comunidades Indígenas de Guanajuato”, 26 de septiembre.
Cadena, M. de la y O. Starn (eds.) (2010). Indigeneidades contemporáneas: cultura, política y globalización. Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos/Instituto de Estudios Peruanos.
De la Peña, G. (1999). “Notas preliminares sobre la ‘ciudadanía étnica’ (el caso de México)”, A. J. Olvera (coord.), La sociedad civil. De la teoría a la realidad (pp. 283-303). México: El Colegio de México.
Ramos Rea, B. L. (2020). Conflictos intracomunitarios en Peña Blanca, Cieneguilla, Congregación otomí de San Ildefonso de Cieneguilla, Tierra Blanca Guanajuato. Tesis para obtener el grado de Licenciada en Antropología Social, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guanajuato.
Recondo, D. (2007). La política del gatopardo. Multiculturalismo y democracia en Oaxaca. México: Publicaciones de la Casa Chata.
Taylor, Ch. (1992). Multiculturalism and “The Politics of Recognition”. New Jersey: Princeton University Press.
Uzeta, J. (2004). El camino de los santos. Historia y lógica cultural otomí en la Sierra Gorda guanajuatense. México: El Colegio de Michoacán/Ediciones La Rana.
Uzeta, J. (2019). Diversidad interna. Las poblaciones otomíes de Guanajuato frente al multiculturalismo estatal. México: El Colegio de Michoacán.
Ventura, M. del C. (2010). Volver a la comunidad. Derechos indígenas y procesos autonómicos en Michoacán. México: El Colegio de Michoacán.
Zárate, J. E. (1995). “Etnografía, cambio cultural y poder local”. Relaciones. Revista de estudios históricos y sociales. XVI (61-62), 19-42.
[1] El Colegio de Michoacán. ORCID: 0000-0003-0065-5923.
Correo electrónico: jorgeuzeta@colmich.edu.mx
[2] La diferencia obvia es la posición de estos grupos ante el reparto ejidal de la posrevolución, con todas sus implicaciones: mientras los chichimecas fueron sus beneficiarios, los otomíes lo rechazaron.
[3] Véase la nota de Germán León, “Diputados obligados a garantizar candidaturas indígenas”, en el portal Zona Franca, 2 de febrero de 2019, zonafranca.mx
[4] Véase la página del IEEG (ieeg.mx/consulta-indígena/). Por cierto, Tierra Blanca cuenta una población de 47 824 habitantes.
[5] Véase la nota de Uriel Cázarez “Desde el noreste, Armando Rangel y su trabajo por los derechos de las comunidades indígenas”, portal Caracol en Movimiento, 8 de octubre de 2020, caracolenmovimiento.com
[6] Los partidos gobernantes en el municipio luego de 2000 fueron sucesivamente PAN, PRD, PRI, PRI, PAN, PRI-PVEM, PAN y, a partir de 2021, PRD.
[7] Un par de ejemplos del municipio como fuente de empleo: en 2015, el alcalde panista saliente reservó 6.5 millones de pesos para finiquitar a 180 empleados que saldrían al finalizar su mandato; en 2021, el edil priista dispuso de una partida de 4 millones de pesos para liquidar a 190 trabajadores en la misma circunstancia. Véanse las notas de Jashael Rivera Villalón “Tienen pensado gastar 6.5 millones de pesos para liquidar funcionarios del gobierno de Estevan Duarte”, periódico Noreste de Guanajuato, 13 de septiembre de 2015; y la de Enrique Pérez Gómez “Destina Tierra Blanca 4 mdp para liquidar a 190 trabajadores municipales”, periódico Correo, 19 de junio de 2021. Esos empleos para personal de confianza representan un buen recurso para que los candidatos a la alcaldía negocien apoyos locales de cara a las elecciones.
[8] La movilización de redes y de grupos de interés es visible a través de los registros para alcalde, donde varios personajes con experiencia previa en regidurías se reubicaron en las planillas o “saltaron” a otros partidos.
[9] Como referencia metodológica, y ante la emergencia por la pandemia de COVID-19, se debe señalar que este texto es producto de una etnografía multisituada, en donde la preeminencia de fuentes secundarias (hemerográficas, bibliográficas, de redes sociales, etc.) buscó ser equilibrada con información previa generada en recurrentes visitas a campo.
[10] El encuentro puede revisarse en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ff6mruK_j-M
[11] Aquí abordó el tema de la atención a la salud, fuente de constantes desencuentros. El gobierno estatal se separó del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), de carácter federal, asumiendo la responsabilidad total de la atención médica en la entidad, pero reclamando los fondos federales correspondientes.
[12] La información de este inciso proviene de varias fuentes periodísticas consultadas durante abril de 2021, principalmente del cotidiano estatal Correo; también se consultaron portales informativos como La Silla Rota, Aristegui Noticias y Proceso.
[13] De acuerdo con la siguiente nota periodística, 80% de los empadronados de Cerro Colorado votó por él. Véase la nota de Oscar Reyes en El Sol de Salamanca, “Salvan a alcalde de Tierra Blanca de ser linchado por no pavimentar una calle”, 21 de abril de 2021.
[14] Véase la oportuna crónica de Verónica Espinosa en la sección nacional del portal de la revista Proceso, “Alcalde de Tierra Blanca incumple promesa de campaña, pobladores enfurecen y casi lo linchan”, 13 de abril de 2021. Incluye un video de la sesión de cabildo: https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/4/13/alcalde-de-tierra-blanca-incumple-promesa-de-campana-pobladores-enfurecen-casi-lo-linchan-261881.html
[15] La cita textual proviene de la nota de Enrique Pérez, periódico Correo, “Tras lograr un acuerdo, liberan la presidencia de Tierra Blanca”, 16 de abril de 2021.
[16] A nivel de toda la entidad, el PAN obtuvo 21 distritos de 22 posibles; y 22 municipios de los 46 en disputa. El PRI obtuvo 3, MORENA 3, el PVEM 3, la alianza PRI-PRD 7, y el PRD 2, uno de ellos Tierra Blanca. Los municipios restantes fueron para partidos emergentes.